LO QUE SE VEÍA VENIR


Diciembre 2016

Por: Alonso Rodríguez.
Estamos a días de terminar este año, y para el próximo se vislumbran crisis en varios sectores del país, entre ellos, el de seguridad pública, un tema que afecta seriamente a la sociedad.

Es bien sabido que el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto no ha logrado mejorar las condiciones de seguridad para la mayoría de mexicanos. Los altos índices de delincuencia ya no sólo se concentran en estados del norte, sino que los grupos delictivos han ido posicionándose en estados pertenecientes al centro del país.

La llamada “Guerra contra el narcotráfico” iniciada por el expresidente Felipe Calderón, generó que la SEDENA adquiriera el control y manejo de la seguridad pública, es decir, el ejército fue sacado de los cuárteles para desempeñar funciones que le corresponden a las corporaciones de policías, llámese federal, estatal o municipal. Los primeros resultados de haber tomado esa decisión, fueron enfrentamientos entre militares y grupos armados; estos choques provocaron que las pérdidas humanas fueran una constante a la que se le llamó “daños colaterales”.

Dos factores se conjuntaron para empeorar las condiciones de seguridad en la sociedad mexicana: corrupción dentro de  cuerpos policíacos y abuso de poder por parte del ejército;
a cuatro años de gobernar, Peña Nieto sigue posicionando a la SEDENA como la institución indicada para solucionar problemas de seguridad pública, así lo deja ver en su cuarto informe de gobierno. Lo preocupante es que el ejército se ha visto inmiscuido en casos de ejecuciones extraoficiales y desapariciones forzadas, en las que el mismo gobierno ha estado involucrado.

El presidente Peña conoce el malestar social que existe, pues lejos de mejorar las condiciones de vida de la población, van empeorando. Los movimientos sociales incrementan, y la presión hacía el gobierno es cada vez mayor. Evidentemente Peña Nieto necesita fortalecer su régimen, y tal parece que la opción que ha elegido es tener al ejército como brazo represor del Estado mexicano.

La propuesta realizada por PRI y PAN para darle un marco constitucional a la SEDENA y a la MARINA regulando el actuar de sus elementos, va en el mismo sentido, es decir, la única forma viable que consideran los representantes políticos de acabar con los altos índices de inseguridad es seguir incorporando al ejército en actividades que no le corresponden, y al mismo tiempo militarizar al país con el argumento de que son ellos –los militares- los más apropiados para acabar con la delincuencia. Ahora falta ver si esta propuesta es aceptada, mientras tanto, la ONU ya se pronunció en contra de que militares desempeñen funciones propias de las fuerzas policíacas civiles, y manifestó que es necesario el regreso del ejército  a sus cuárteles. 

Sin embargo, Peña Nieto no muestra indicios de aceptar las recomendaciones que hacen organismos internacionales en el tema de seguridad pública, al contrario, ha dejado claro que el actual gobierno continuará con la política de mantener al ejército fuera de sus cuarteles mientras los cuerpos policíacos se capacitan y fortalecen.

Bajo este discurso, se plantea el siguiente escenario a corto plazo:
Militarización del país.- El ejército se fortalece con un marco constitucional que le permite actuar de forma legal en actividades de seguridad pública; al ser un elemento estructural del Estado, sus acciones estarán determinadas por el presidente, jefe supremo de las fuerzas armadas. Los movimientos sociales que vayan en contra de políticas económicas y sociales impuestas por la clase gobernante y que pongan en riesgo su implementación, serán catalogados como acciones que van en contra de la estabilidad del país, por lo tanto deben ser reprimidas por el ejército.

Mientras eso sucede, los niveles delictivos siguen en aumento debido a factores como el desempleo, la descomposición institucional y la depreciación del peso. El objetivo a corto plazo del gobierno es mantener el control social a través de una manipulación informativa  y una política de miedo, dejando a un lado el mejoramiento de los cuerpos policíacos, y por ende, el fortalecimiento de la seguridad pública.


Imagenes tomadas de la red.



CULMINA LA SEXTA EDICIÓN DE LA MESA REDONDA CON TEMAS QUE LLEVAN A LA REFLEXIÓN.

Durante el último día de la “Sexta mesa redonda de Teotihuacán” se abordaron  temas relacionados con la vinculación social. No era un tema sencillo, puesto que la brecha entre institución y población dificulta encontrar puntos de acuerdo en los que se establezcan mecanismos de contribución.

Frente a los asistentes se presentaron las dos caras de la arqueología mexicana: la primera representada por jóvenes arqueólogos y sociólogos que han entendido que la arqueología no puede ni debe seguir actuando de manera pasiva ante las exigencias de una sociedad que pide ser escuchada en temas referentes al patrimonio cultural; por otro lado, fuimos testigos de cómo es el actuar de especialistas que han cedido ante los intereses mercantiles que definen las políticas culturales en el país.

Jaime Delgado Rubio, Dulce Anahí Juárez Rivero, Juan José Guerrero García, Macrina Cid Ramírez, y Rodolfo Esteban García, son el equipo de trabajo que ha logrado crear proyectos de vinculación con niños, jóvenes y adultos de Teotihuacán, con una visión distinta a la que tienen los ya consolidados especialistas. Resaltar el proyecto “Arqueólogos en apuros”, un trabajo en el que los principales actores son niños que tienen la oportunidad de expresar sus inquietudes relacionadas al patrimonio arqueológico de Teotihuacán, y ser ellos mismos los encargados de responderlas, apoyados por el equipo que encabeza Delgado Rubio.

Las ponencias referentes al vínculo social se dieron por terminadas con la presentación de tres especialistas en operación de sitios arqueológicos. Guadalupe Espinosa Rodríguez, Dayanara Carrasco Yépez y Luis Antonio Huitrón Santoyo, fueron los encargados de legitimar un espectáculo que generó controversias, pero que al final se ha impuesto. A partir de hoy, será aún más difícil evitar el uso de espacios culturales con fines ajenos a su sentido original. Lo más preocupante es que las voces autorizadas -por contar con el conocimiento suficiente en la materia- para cuestionar estas posturas, no se hicieron escuchar.


Termino con lo siguiente: la socióloga Dulce Anahí Juárez Rivero, tocó un punto importante “el uso mercantil y comercial de expresiones culturales es lo que realmente está afectando la identidad de  pueblos originarios”, y puso como ejemplo la usanza desmedida que ahora se le da a la danza prehispánica. Por lo tanto, el uso mercantil y comercial del patrimonio arqueológico, como expresión cultural de  antiguos pobladores, no es la mejor forma de difundirlo, como se quiere hacer pensar, sino que hay formas de lograr dar a conocer este patrimonio desde perspectivas que realmente incorporen a cada  sector de la sociedad, y sobretodo que no se modifique el sentido de los espacios culturales. El proyecto “Arqueólogos en apuros” es una muestra de lo que se puede hacer sin necesidad de grandes inversiones, pero sí con el entusiasmo de hacer algo en donde la sociedad -en esta caso la población del Valle de Teotihuacán- se sienta parte de los proyectos que genera el INAH y el sitio arqueológico.